implica la obligación del Estado de difundir y garantizar que las entidades de cualquier índole brinden a todo individuo la posibilidad de conocer aquella información que, incorporada a un mensaje, tenga un carácter público y sea de interés general, es decir, todos los datos, hechos, noticias, opiniones e ideas que puedan ser difundidos, recibidos, investigados, acopiados, almacenados, procesados o sistematizados por cualquier medio, instrumento o sistema
Fuente: Amparo en revisión 358/2001. Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa. 14 de noviembre de 2001. Cinco votos. Ponente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Derivado de este asunto véase Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XV, marzo de 2002, p. 422, tesis 2a. XIX/2002; IUS: 187600.